La incursión formal a la política de la exmiss Nicaragua (2017), Berenice Quezada, duró apenas 24 horas: en la noche del martes, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo le impuso casa por cárcel por la fuerza, al mismo tiempo que el Ministerio Público inhabilitó su candidatura a la vicepresidencia de la República por el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), luego de su inscripción ante el Poder Electoral el lunes.
Se trata de otro zarpazo del régimen sandinista a la oposición que demerita aún más un proceso electoral calificado de antemano como «viciado» por la comunidad inter
nacional. «Denunciamos que hoy a las 9:30 pm Berenice Quezada, candidata a la Vicepresidencia por la Alianza CxL, fue notificada en su casa por autoridades judiciales y del Ministerio Público acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria», denunció la agrupación política, cuya decisión de participar en unos comicios sin condiciones de transparencia y competitividad genera cada vez más ampollas entre la sociedad y otro sector opositor que ha sido excluido por Ortega y Murillo con persecución y cárcel.
«Está sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial. Exigimos libertad y respeto a los derechos humanos de Berenice Quezada», publicó ACxL. Quezada era la fórmula de Óscar Sobalvarro, exjefe de la contrarrevolución, la guerrilla financiada por Washington para derrocar al Gobierno sandinista en los ochenta.
Ambos, como aspirantes a la presidencia y vicepresidencia, acudieron este 2 de agosto a inscribir su fórmula al cuestionado Poder Electoral. Al salir del recinto, Quezada -una joven grácil de 27 años y popular entre los jóvenes gracias a las redes sociales- dio unas declaraciones que molestaron al régimen. «En Nicaragua las condiciones (electorales) nunca han estado. Las condiciones las pone el pueblo.
¿Y cómo las pone? Saliendo a votar y como lo hemos hecho en las calles; como lo hicimos en 2018, en abril. El 7 de noviembre tenemos que demostrar que Nicaragua no los quiere en el poder», expresó Quezada, en referencia a la pareja presidencial. Fue una declaración prohibida para un Gobierno que ha justificado su escalada represiva invocando el nacionalismo y apelando al concepto de «no repetición» al referirse a las revueltas sociales de 2018.
Ortega y Murillo han dicho que «no tolerarán el terrorismo en Nicaragua» ni otro supuesto «intento de golpe de Estado», razón por la cual han encarcelado a 32 líderes opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales. La mayoría de ellos enarbolaban en sus discursos la demanda de justicia para las víctimas de la masacre documentada por organismos internacionales de derechos humanos y una propuesta de cambio total de régimen en Nicaragua.
En el caso de Quezada, casi 24 horas después de su inscripción, un grupo de simpatizantes sandinistas, autodenominados «víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018″, acudió a la gubernamental Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a pedir la inhabilitación de la exmiss, bajo el argumento de que sus declaraciones son «una apología del delito e incitación al odio».
«El partido CxL pende de la voluntad de Ortega y el mensaje que envía la inhabilitación de Berenice Quezada es que el régimen no está dispuesto a que nadie le critique en nada. Es decir, este es el parámetro que Ortega puso en la campaña. No podés mencionar abril de 2018. No podés mencionar la rebelión. No podés mencionar las protestas ni los muertos. Y tantito así cualquiera de los candidatos haga eso, los va a inhibir», le dijo a EL PAÍS el analista político y exdiputado Eliseo Núñez, uno de los opositores que critica que el régimen ha impuesto una «elección a su medida» con candidatos de su agrado y sin capacidad de hacerle contrapeso.
Inesperada candidatura
La candidatura a la presidencia de Óscar Sobalvarro por ACxL fue una sorpresa. Se produjo luego de que la agrupación política decidiera inscribirse al proceso electoral, pese al apresamiento de todos los precandidatos opositores, incluido tres de sus integrantes.
«Correremos en las elecciones con el candidato que quede», dijo en su momento Kitty Monterrey, presidenta de ese partido. Integrantes de la Alianza Cívica, socio principal de ACxL, criticaron que Sobalvarro y los candidatos a diputados fueron electos de manera «unilateral» y sin consulta, violando acuerdos internos de selección del bloque opositor.
Mientras la fecha límite de inscripción se acercaba este 2 de agosto, ACxL lanzó otra sorpresa con la nominación a la vicepresidencia de la exMiss Quezada. ACxL optó por una joven popular en redes sociales y sin ninguna trayectoria política, al margen de figuras que estaban dentro de estructuras opositoras, entre ellos estudiantes que se alzaron en abril de 2018. La nominación de Quezada causó controversia entre quienes reconocían su «coraje» y quienes no estaban conforme con una outsider política, quien desde su mundo de las pasarelas tuvo acercamientos con Camila Ortega Murillo, la hija diseñadora de modas de la pareja presidencial.
Sin embargo, desde las protestas de 2018, Quezada se identificó como «azul y blanco», el movimiento ciudadano antigubernamental. Desde entonces, hacía escasas publicaciones sobre la situación política del país en sus redes sociales.
