SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La magistrada Miriam Germán Brito sostuvo este jueves una reunión de trabajo con los responsables de los órganos de persecución del Ministerio Público que encabezan la Operación Falcón, así como con parte del equipo de fiscales investigadores y litigantes del proceso que desarticula la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico más amplia enfrentada en toda la historia de República Dominicana.
“Sabemos que este trabajo es un gran desafío, pero sé que ustedes lo seguirán haciendo con la dedicación y calidad que requiere. Es un privilegio contar con un equipo que comprende la determinación de esta gestión de luchar contra la delincuencia y la criminalidad organizada, siempre amparado en criterios jurídicos para que se imponga el cumplimiento de la ley”, dijo Germán Brito.
La máxima autoridad del Ministerio Público recordó que el narcotráfico lacera a toda la sociedad, con consecuencias que no siempre se pueden advertir con facilidad. Recordó, además, que el lavado de activos afecta negativamente el tejido económico, al impactar con una competencia desleal a los sectores productivos y a personas emprendedoras.
En la reunión, celebrada en el despacho de Germán Brito, estuvieron presentes la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y el fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo. También, la procuradora de corte Luisa Liranzo y los fiscales Eduardo Velázquez, Carlos Calcagno y Elaine Andeliz, así como los fiscalizadores Melbin Romero y Enmanuel Ramírez.
“Todos nosotros nos sentimos orgullosos, magistrada, de trabajar con usted en un ambiente de respeto y de independencia de criterios en el que solo tenemos los límites establecidos por la Constitución y las leyes”, expresó la procuradora adjunta Reynoso en nombre del equipo de fiscales.
Tanto Reynoso como Bonilla Hiraldo resaltaron la entrega de los fiscales en la investigación de la red de lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón. Ponderaron la discreción de los equipos de los órganos de persecución del Ministerio Público para desarrollar una amplia investigación que se prolongó durante meses, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y los organismos de seguridad del Estado dominicano, así como con la diligente cooperación de las agencias internacionales que luchan contra el crimen organizado.