La Comisión Europea (CE) sopesa la posibilidad de atribuirse poderes para obligar a fabricantes a priorizar envíos de bienes estratégicos a otras empresas seleccionadas por Bruselas, so pena de una multa económica de hasta 300.000 euros, en situaciones de emergencia a nivel europeo, como fue el caso de la pandemia de coronavirus.
Un borrador de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso Efe, detalla la propuesta de creación de una nueva herramienta, bautizada como «Instrumento de Emergencia del Mercado Único», que buscará «asegurar la disponibilidad de bienes y servicios relevantes durante una crisis», así como la libertad de movimiento tanto de estos bienes y servicios como de las personas, algo que no siempre se respetó durante la crisis sanitaria en 2020.
El plan de la Comisión, que el organismo prevé presentar dentro de dos semanas y al que tendrán que dar su visto bueno el Consejo (los países), recoge también la creación de un «grupo asesor» compuesto por un representante de cada país de la Unión Europea y, dependiendo de la situación, miembros de la industria o de foros sectoriales relevantes.
Este grupo tendría la capacidad de «aconsejar sobre la necesidad de activar las fases de vigilancia o emergencia» ante una situación de crisis y sobre el uso de los instrumentos que prevé el plan, como las mencionadas recomendaciones u obligaciones para la industria y los Gobiernos o «medidas que vayan más allá», como potenciales restricciones a las exportaciones.
La Comisión plantea atribuirse la capacidad de «primero invitar y luego exigir si es necesario» que los fabricantes entreguen «productos relevantes durante una crisis a los operadores económicos identificados por la Comisión antes que a cualquier otro cliente».
El documento apunta también al problema que supone la ausencia de un proceso estandarizado para intercambiar información sobre capacidades de producción de ciertos bienes «de cara a analizar ciertos riesgos o responder a emergencias en el mercado único» de la UE.
Para paliar esta deficiencia, sugiere que se creen «solicitudes de información concreta» a las empresas (que podrían volverse vinculantes) y una obligación para los Estados miembros de «vigilar las cadenas de producción de bienes y servicios de importancia estratégica», para adelantarse a posibles cuellos de botella o limitaciones de los proveedores, por ejemplo.
En el caso de que las empresas no cumplieran con la obligación de informar sobre sus capacidades de producción o no priorizaran a los clientes determinados por la Comisión, Bruselas podría imponer multas no superiores al 1,5% de la facturación media diaria mientras no se cumpla con el requerimiento, una sanción que nunca superaría los 300.000 euros en cualquier caso.
Fuente: Cincodias.elpais.com
