Desde hace algunos meses en el Senado de la República se viene debatiendo un proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista (TEA), sometido para su estudio por los senadores Franklin Rodríguez de San Cristóbal y Dionis Sánchez Carrasco de Pedernales.
El trastorno del espectro autista no es un tema nuevo de debate en la agenda de nuestros legisladores, pues para la preparación de este proyecto fue retomado y mejorado un proyecto de ley sobre políticas públicas para el beneficio de personas con trastorno del espectro autista y sus familiares, que tiene más de una década de haber sido sometido, sin haber logrado su aprobación.
En su última versión la pieza legislativa cuenta con cincuenta y cinco artículos, cuyo objeto es regular la atención, protección e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con trastorno del espectro autista, mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades.
Para esto, el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) deberá coordinar y cooperar con múltiples ministerios de la Administración Pública, como son los siguientes: el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) para garantiza el acceso pleno y efectivo a la salud de las personas con TEA; el Seguro Nacional de Salud (SENASA) para garantizar la cobertura del seguro médico; el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para garantizar el acceso a la educación; el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) para la habilitación del acceso a aulas de estudio y creación de modelos de servicios de acogida y cuidados; el INFOTEP para el desarrollo de programas de formación permanente sobre el TEA, dirigido a la comunidad educativa, policías y bomberos; el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para la inserción laboral y promover el desarrollo del autoempleo y el emprendimiento de personas con TEA y sus familias; entre muchas otras instancias públicas.
Una vez promulgada, esta ley revolucionaría favorablemente la vida de las personas con trastorno del espectro autista, de sus familias y cuidadores, así como las de múltiples centros educativos y organizaciones que trabajan cada día con niños y adultos con TEA, bajo una total desprotección jurídica especializada.
Es importante tomar en consideración que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo uno de cada 100 niños tiene algún trastorno del espectro autista, pero en países como el nuestro donde no contamos con bases de datos ni estadísticas al respecto, la prevalencia del autismo es desconocida, por lo que podría superar estas cifras.
Adicionalmente, nuestra ley No. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana no contempla el trastorno del espectro autista, pues se enfoca en déficit o deficiencias físicas, mentales o sensoriales y no en condiciones permanentes del neurodesarrollo, para lo cual el acceso al diagnóstico y evaluación clínica temprana es primordial y podría ser logrado con la promulgación de la ley.
Si damos una mirada al derecho comparado, podremos constatar que, en América Latina, tenemos los ejemplos de países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Venezuela, Perú, México, Paraguay y Puerto Rico, entre otros, para no mencionar a los países que conforman la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá, cuyos ciudadanos cuentan con garantías plasmadas en sus legislaciones que protegen a las personas con trastorno del espectro autista desde hace décadas.
Es por todas estas razones, tanto en mi rol de abogado como de ciudadano común, hago un llamado a nuestras laboriosas autoridades legislativas a dar prioridad a esta muy esperada propuesta de ley y que la misma sea promulgada este año.
Hace ya mucho tiempo que es necesaria una ley de políticas públicas integral, en la que todos los estamentos del Estado trabajen de la mano para promover el diagnóstico temprano, la inclusión y no discriminación de las personas con trastorno del espectro autista, así como la educación y concientización para la ciudadanía sobre esta condición y los derechos que la misma acarrea. Solo así podremos lograr un mejor país para todos.
El autor es abogado
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