José Dantés Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), criticó las acciones que comete el ministerio público en su llamada lucha contra la corrupción, que incluye allanamiento en la madrugada a una señora de 81 años y enferma, así como la filtración a los medios de interrogatorios y expedientes que solo deben ser de conocimiento de las partes.
Deploró que los investigadores allanaran a los 2:15 de la mañana la casa de una señora de 81 años, que se dializa tres veces por semana, investigada en el caso Calamar porque a pesar de que tiene una serie de sentencias favorables por expropiación de terrenos, la acusan de falsificar títulos.
Dantés Díaz preguntó si ese tipo de actuación de los fiscales es “correcta, objetiva, humana o necesaria”, porque en su opinión eso “está dañando la credibilidad en los procesos que lleva adelante el ministerio público en su lucha contra la corrupción”.
Igualmente, consideró violatorio del proceso la filtración a la prensa del contenido de acusaciones que se van a usar para solicitar medidas de coerción contra ciudadanos.
“Mientras esa fase de la investigación sea secreta, no puede (el ministerio público) dar a conocer absolutamente nada a un tercero que no sea una de esas otras dos partes”, explicó el jurista.
Dijo que eso no puede hacerse porque provoca un condicionamiento de la opinión pública que “ya se va creando una percepción de lo que de una manera antojadiza van filtrando”.
Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Dantés Díaz admitió que en la gestión de Jean Alain Rodríguez se cometieron acciones “violatorias de la dignidad de esas personas” investigadas por caso Odebrecht, pero aclaró que no fueron dirigidas solo contra un partido opositor al gobierno.
“En ese caso los afectados no fueron exclusivamente de un solo partido, de un partido de oposición”, expresó el dirigente peledeísta, quien agregó que hubo inclusive funcionarios del propio gobierno y de partidos de oposición porque se entendía que su responsabilidad penal estaba comprometida.
Dantés Díaz explicó que en cambio, en la persecución del llamado caso Calamar, “los supuestos delatores que reconocen la comisión de unos hechos ilícitos que sustrajeron miles de millones de pesos, están sueltos, no están imputados, y los que niegan los hechos porque lo único que hay en contra de algunos de ellos es el testimonio de estas personas que negociaron con el ministerio público, son los que guardan prisión preventiva”.
A la calle
El alto dirigente del PLD consideró correcta la decisión de su partido de ir a las calles porque la lucha contra el gobierno no se puede limitar a las denuncias y la litigación en los tribunales, porque es “intolerante a las críticas, intolerante a los disensos”, y con el caso Calamar ya está claro que “se trata de una focalización” contra dirigentes peledeístas.
Basó su afirmación en que aunque no está en capacidad de defender la culpabilidad o la inocencia de los investigados, resulta inexplicable que personas que admiten su culpabilidad van a las calles porque tienen proximidad con el gobierno y con el presidente de la República.
Dantés Díaz sostuvo que con este tipo de actuación del gobierno del PRM está llegando al país la judicialización de la política (lawfare) como sucedió en Brasil, Ecuador, Perú y otras naciones.
“Como no queremos que eso ocurra en nuestro país, el PLD va a las calles a defender la democracia. Nosotros no vamos a defender procesos judiciales, eso le corresponde a las defensas técnicas de cada quien. El PLD como partido político va a las calles a defender la democracia, la dignidad de las personas, los intereses del pueblo dominicano”, advirtió el dirigente político.
Definió esos intereses como el alto costo de la vida, los altos precios de la gasolina, la tarifa eléctrica, las tasas de interés, que perjudican a todos los dominicanos y afectan las cadenas de distribución.
Miriam es otra cosa
Cuando McKinney le preguntó si no es contradictorio decir que el ministerio público judicializa la política pero a la vez reconocer la honestidad de la procurado Miriam Germán Brito, Dantés Díaz señaló que son públicas las contradicciones entre la magistrada y el accionar de los investigadores. “Una cosa es Miriam Germán Brito y otra cosa son los procuradores adjuntos que están llevando a cabo todos estos procesos”, dijo Dantés Díaz, quien agregó que ella no interviene, mientras que la directora de Persecución, que está para formular la política criminal del Estado, quiere asumir todos los casos.
Dijo que distingue a Germán Brito “de los otros dos”, refiriéndose sin nombrarlos a los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reinoso y Wilson Camacho, porque ha dicho muy claramente que “la presunción de inocencia no la destruye una acusación, sino una sentencia firme”.
“Para los otros dos procuradores (Reinoso y Camacho) la destruye (la presunción de inocencia) una solicitud de medida de coerción. Entonces, hay dos visiones antagónicas en la Procuraduría General de la República, que quedan en evidencia cuando la procuradora da declaraciones, hace un discurso o envía cartas”, donde pide respeto para los superiores jerárquicos, apuntó el jurista.
Advirtió que con ese tipo de actuación de los fiscales persecutores de la corrupción se está provocando un daño grave a la impunidad, porque no puede ser reducida a los actores del gobierno pasado.
Dantés Díaz recordó que de 24 funcionarios destituidos en el gobierno de Luis Abinader y el PRM, solo uno ha sido procesado (Luis Dicente, exadministrador de la Lotería Nacional), pero que fue favorecido con un no ha lugar porque a pesar de que el ministerio público siempre dice que sus acusaciones son blindadas, el tribunal halló que no había pruebas.
