Ante la gran cantidad de casos de estafas inmobiliarias en el pais, el abogado Máximo Miñoso ha alzado la voz de alarma sobre un fenómeno inquietante que amenaza la estabilidad económica de la República Dominicana.
Según Miñoso, la creciente cantidad de casos de proyectos inmobiliarios fraudulentos y la fragilidad de la seguridad jurídica en el país son factores que podrían provocar un serio descalabro en la economía, especialmente en un contexto donde cada vez más dominicanos de la diáspora están reconsiderando sus inversiones en el país natal.
En una reciente intervención en el Programa La República por El Nuevo Diario, Miñoso expuso su preocupación ante la falta de respuestas a numerosos proyectos inmobiliarios, lo que ha dejado a miles de compatriotas en un limbo legal y financiero. Este fenómeno, que ha crecido de manera alarmante en los últimos años, afecta no solo a los inversionistas locales, sino también a aquellos que residen en el extranjero y que, por años, han confiado en el mercado inmobiliario dominicano.
El abogado enfatizó que la debilidad de la seguridad jurídica en el país ha creado un caldo de cultivo perfecto para la proliferación de estafadores, quienes operan sin el temor a ser castigados. «La legislación actual es insuficiente», afirmó Miñoso, citando el artículo 405 del Código Penal dominicano que castiga la estafa solo con penas de hasta dos años de prisión. Esta escasa sanción no actúa como un disuasivo, permitiendo que estos delitos prevalezcan y que la confianza en el sistema inmobiliario se desmorone y la falta de un nuevo Código Penal es necesario.
La realidad que enfrenta la República Dominicana no es solamente una cuestión de números en la economía, sino que también afecta la calidad de vida de sus ciudadanos, quienes ven vulnerados sus sueños de adquirir un hogar. Sin medidas adecuadas, el panorama es sombrío y los ecos de la inseguridad jurídica podrían resonar por muchos años más.
Otro posible gran caso por explotar, sería en un proyecto en La Romana, donde mas de 400 compradores, no han tenido respuesta precisas de una empresa, los cuales se han reunido ya en grupos para iniciar acciones judiciales contra dicha constructora, y recomienda el abogado que los socios o propietarios de la misma aclaren a la opinión pública la realidad de la situación, antes de que la misma sea escandalo en la palestra pública.
