La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República escuchó este miércoles las opiniones de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, relacionada al proyecto de ley que crea la Dirección General de Ética y Transparencia.
Ortiz Bosch valoró la importancia de la pieza legislativa, indicando que hace un aporte real al fortalecimiento de la transparencia.
También consideró que “la sociedad tiene que acompañar a las fuerzas que gobiernan” a establecer los controles necesarios que permitan evitar actos de corrupción en la administración pública.
En el encuentro, encabezado por el presidente de la Comisión, el senador Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo), se acordó otorgar un plazo de sesenta (60) días a la entidad para presentar modificaciones y “hacer la ley más efectiva”.
El legislador manifestó que en el país se ha abierto un nuevo ciclo donde la participación ciudadana es fundamental “y una ley como esta contribuye” a consolidar esos procesos.
De su lado, el proponente de la iniciativa, el senador Félix Bautista (San Juan), favoreció que se realicen encuentros con diversos sectores para que también opinen al respecto, ya que “los proyectos de leyes al final se alimentan con el consenso de todos”.
El primer artículo del proyecto trata sobre la creación de la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGET) como órgano rector en materia de ética, integridad, transparencia, gobierno abierto, datos abiertos, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses, protección a los datos personales y libre acceso a la información pública.
También indica que es necesaria la creación de una institución a cargo del Poder Ejecutivo con suficiente independencia, que coordine las iniciativas de transparencia y combate a la corrupción administrativa.
La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República también avanzó en el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 21-18, sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados en la Constitución de la República, a los fines de dar una mayor precisión a las sanciones aplicables ante violaciones a las medidas extraordinarias dispuestas durante un Estado de Excepción.
En el encuentro estuvo presente, además, el senador Dionis Sánchez (Pedernales).
Ortiz Bosch valoró la importancia de la pieza legislativa, indicando que hace un aporte real al fortalecimiento de la transparencia.
También consideró que “la sociedad tiene que acompañar a las fuerzas que gobiernan” a establecer los controles necesarios que permitan evitar actos de corrupción en la administración pública.
En el encuentro, encabezado por el presidente de la Comisión, el senador Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo), se acordó otorgar un plazo de sesenta (60) días a la entidad para presentar modificaciones y “hacer la ley más efectiva”.
El legislador manifestó que en el país se ha abierto un nuevo ciclo donde la participación ciudadana es fundamental “y una ley como esta contribuye” a consolidar esos procesos.
De su lado, el proponente de la iniciativa, el senador Félix Bautista (San Juan), favoreció que se realicen encuentros con diversos sectores para que también opinen al respecto, ya que “los proyectos de leyes al final se alimentan con el consenso de todos”.
El primer artículo del proyecto trata sobre la creación de la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGET) como órgano rector en materia de ética, integridad, transparencia, gobierno abierto, datos abiertos, lucha contra la corrupción, conflicto de intereses, protección a los datos personales y libre acceso a la información pública.
También indica que es necesaria la creación de una institución a cargo del Poder Ejecutivo con suficiente independencia, que coordine las iniciativas de transparencia y combate a la corrupción administrativa.
La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República también avanzó en el estudio del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 21-18, sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados en la Constitución de la República, a los fines de dar una mayor precisión a las sanciones aplicables ante violaciones a las medidas extraordinarias dispuestas durante un Estado de Excepción.
