La víspera funcionarios del gobierno interino informaron que el enviado de las Naciones Unidas, Jean Arnault, convocó a una “mesa de diálogo” a dirigentes y legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, con el objetivo de encontrar vías de solución, con apoyo de los obispos católicos.
La Iglesia católica llamó el lunes a que se depongan actitudes violentas y que todas las partes en conflicto, más el enviado de la ONU, se junten para un diálogo en la jornada, mientras que al mismo tiempo continuaban las marchas de campesinos en La Paz y otras ciudades a favor del retorno de Morales y en contra de la autoproclamada presidente interina.
A otros bolivianos les comenzaba a preocupar más la escasez de los alimentos y el incremento de los precios de los pocos que estaban a la venta.
Una mujer campesina esperaba sentada a clientes rodeada por varios sacos de cebollas en La Paz.
Están “al doble de caro”, se quejó Guillermina Chura, en relación a los productos que se vendían en La Paz. “¿Qué le vamos a dar a nuestras familias si esto continúa así?”.
La muerte de nueve cocaleros seguidores del expresidente Morales a manos de las fuerzas de seguridad el viernes fue uno de los momentos más letales de la crisis y puso en entredicho el llamado a la paz que formuló Áñez, quien también se comprometió a convocar a nuevas elecciones en tres meses.
Tras las muertes los cocaleros dieron un ultimátum a Áñez para que renunciara y se diera el repliegue de las fuerzas de seguridad que les impiden ingresar a la ciudad de Cochabamba en el centro del país.
La crisis estalló al día siguiente de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre. Primero fueron protestas en las ciudades en contra de Morales, al que acusaron de montar un fraude electoral para reelegirse a un cuarto mandato. Tras la renuncia del mandatario el 10 de noviembre por presiones de la policía y el ejército, ahora son sus seguidores los que están movilizados en las calles.
Las protestas han dejado hasta el momento al menos 23 muertos y más de 700 heridos, según el Defensor del Pueblo.
