El término “gobernanza” no es nuevo. Hace como tres décadas que se usa para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado a los fines de avanzar hacia una «nueva forma de gobernar».
Aunque mucha gente suele confundir “gobernabilidad” y “gobernanza”, hay diferencias muy claras. Mientras lo primero significa “calidad de lo que es gobernable”, el Diccionario enciclopédico vox 1 2009 define gobernanza como “manera de gobernar cuyo objetivo es lograr el desarrollo económico, social e institucional duradero, a partir del equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado”.
Entre otros muchos tratadistas, Antonio Natera (2004) nos ofrece un contexto claro sobre la gobernanza. Para Natera, el concepto alude a “un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, pero también del mercado, caracterizado por un mayor grado de interacción y de cooperación entre el Estado y los actores no estatales en el interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado”.
Existe la “gobernanza vertical”. Como lo indica la expresión, en ella el poder es ejercido por unos pocos; la colectividad participa, pero unos cuantos deciden, y aunque realizan consultas no permiten injerencia en las decisiones públicas. Es una especie de “te oigo, pero eso no significa que te haga caso”.
Otro sistema es el de la “gobernanza horizontal”. Aquí el poder se distribuye entre más personas; la participación está atada a mecanismos de toma de decisiones, y la información circula de manera más democrática.
Un tercer sistema es el que se conoce como “gobernanza en red”. Su principal característica es la construcción de redes de actores que cooperan. En esas redes, los actores sumen una posición activa frente a lo público. Además, los actores fortalecen las instancias de participación y el capital social del territorio.
Mucho se ha dicho sobre sociedades que han logrado notables avances a partir de grandes acuerdos. Parece que para la República Dominicana ha llegado la oportunidad. Nuestro país está en momento idóneo para aprovechar las experiencias de quienes sobre esa base han logrado avanzar.
De un lado, el presidente Luis Abinader designó mediante el decreto número 329-20, entre otros funcionarios, a Sigmund Freund Mena como Director General de Alianzas Público Privadas. Esa acción sigue a la promulgación de la Ley 47-20, de Alianzas Público Privadas, el veinte de febrero de este año, quizás disimulada por la intensa actividad electoral de ese momento.
De otro lado, el ambiente de cambio que se vive en país abre las puertas para marcar un antes y un después. Ha de recordarse que toda la propuesta de campaña del hoy presidente fue montada sobre el cambio como tema central. Con ello se logró conectar con la aspiración de la mayor parte de la ciudadanía. Y eso ha de servir como fuerza motriz para un real ejercicio ciudadano.
Y si todavía faltara otro “viento a favor”, en una sociedad como la actual, las probabilidades de avance se potencializan en la misma medida en que, desde la planificación de las intervenciones públicas, se opera en el marco de un trabajo en red, entre entidades públicas, privadas, sociales o de perfiles mixtos. Vivimos una era de enfoques y acciones colectivas. La pandemia Covid-19 nos lo enrostra duramente.
Ya ha quedado atrás aquel tiempo en el que la población se asumía como simple beneficiaria de las buenas acciones. Ahora las personas reclaman ser tratadas como entes activos modeladores de un futuro de bienestar, pero no de un futuro lejano sino de uno que comienza ahora mismo.
Ha llegado el tiempo en el que los pobladores del territorio asumen parte activa en la construcción social, lo que implica apropiación por parte de personas que conocen su pasado, se concentran en el presente y proyectan un futuro deseado.
Vivimos tiempos caracterizados por competitividad basada en el conocimiento. En esta etapa, las localidades avanzan cuando se convierten en escenario para procesos sinérgicos y aprendizaje colectivo.
Ha llegado el momento para que el cambio se haga evidente en el territorio. Ha llegado el momento para pasar de la promesa que alimenta la esperanza a los esfuerzos colectivos que construyen capital social y garantizan sostenibilidad.
